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Noches de terror

Noches de terror

Urge un acuerdo nacional para rechazar el vandalismo y acelerar el avance de los proyectos sociales.

31 de mayo 2021 , 10:24 a. m.

Protestar y marchar pacíficamente es legal. Bloquear las vías y montar barricadas es ilegal. Cuando las autoridades garantizan el derecho a la protesta, honran la Constitución y las leyes, y las violan cuando toleran el bloqueo de vías o la destrucción de bienes públicos y privados. Así de claro.

Las protestas masivas de los últimos días reflejan la profundidad de los desajustes del sistema y revelan la necesidad y urgencia de profundizar en diálogos constructivos incluyentes, así como en las estrategias y proyectos sociales orientados a restablecer la equidad perdida. Los actos vandálicos en las noches de terror, por el contrario, reflejan la infiltración de sujetos y organizaciones criminales que violan las leyes y los derechos de la ciudadanía.

En la gritería nacional se equivocan los que tachan de mamertos, guerrilleros o comunistas a quienes, como yo, pedimos un diálogo social extendido, reclamamos mayor eficacia del aparato social del Estado y apoyamos transformaciones sociales profundas. Y se equivocan los que desde otro extremo tachan de paracos, fachos o asesinos a quienes, como yo, pedimos que se enfrenten el vandalismo, los saqueos y los bloqueos criminales, con toda la contundencia derivada de las herramientas propias del Estado de derecho. De entrada, deberíamos rechazar todos los discursos de odio y a sus instigadores.

Esta anarquía, estos incendios de casas de gobierno y palacios de justicia, estas jornadas de horror, esta destrucción del aparato productivo, esta parálisis de la economía tiene que detenerse. Y no para sepultar el diálogo social y la definición de proyectos de equidad, sino, muy por el contrario, para hacerlos posibles. Porque en medio de la criminalidad vandálica cualquier progreso social se esfuma, se hace inviable.

Cuando a los alcaldes se les sale de las manos el orden público en su ciudad, la propia Constitución contempla la activación de mecanismos para defender los derechos del grueso de la ciudadanía. De las mayorías silenciosas. De los millones de víctimas reales y potenciales de la actividad vandálica.

En Cali, por ejemplo, como en lo local no se pudieron garantizar la vida ni los derechos colectivos, resultaba indispensable que interviniera el jefe de Estado y pusiera a disposición de la ciudad la asistencia militar bajo estrictos protocolos de protección de los derechos humanos. Cali no podía seguir sometida a la anarquía y al terror. Y hacen bien en levantar con intervención de las fuerzas legítimas del Estado todos los puntos de bloqueo que afectan los derechos de la mayoría.

Ahora hay que garantizar un conjunto de acciones estructurales para apoyar a las juventudes populares y a los sectores más desfavorecidos de Cali y desplegar un plan de choque para la reactivación del comercio caleño, para la recuperación industrial y agroindustrial del Valle, que debería incluir desde líneas de créditos especiales hasta un modelo caleño de subsidios condicionados enfocados en generación de empleo y educación.

Los propios miembros del comité de paro y los voceros de la oposición deberían rechazar al unísono el vandalismo, los bloqueos y las vías de hecho con la misma contundencia con la que los voceros del Estado y los aliados del Gobierno deberían rechazar y exigir al unísono la individualización de todos los casos de exceso de fuerza contra jóvenes desarmados. En esta línea, el tono equilibrado que usó Marta Lucía Ramírez en Estados Unidos es el correcto y los buenos resultados, sin aceptar epítetos criminalizantes y generalizadores contra la Fuerza Pública, saltan a la vista.

Y el primer gran acuerdo nacional, insisto, debería orientarse en rechazar a los violentos y garantizar los derechos de las mayorías ciudadanas, para abrirle paso a una agenda social transformadora y eficaz orientada a construir un modelo de sociedad más equitativa, más próspera y más feliz.

JUAN LOZANO

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