La problemática de los jóvenes infractores en el departamento del Meta empieza a tomar visos de emergencia.

Al incremento de la delincuencia juvenil se suma ahora la orden de desalojo impartida por la Procuraduría Ambiental y Agraria, que obliga a trasladar el centro a otro sitio de la ciudad, porque el actual está construido sobre el humedal de Kirpas.

Y aunque para Carlota Márquez, directora seccional del Instituto Colombiano de Bienestar (Icbf) "esta es realmente una oportunidad", puesto que permitirá empezar con las gestiones para la construcción del nuevo centro del menor infractor que requiere esta región, también es cierto que ahonda el problema de los cerca de 100 a 120 menores de edad que, según Iván Olaya, director de dicho centro, que es manejado por la Corporación Encuentro, llegan cada mes a este lugar.

El sobrecupo, la falta de espacios adecuados y dotados para brindarle a los jóvenes talleres de capacitación y formación que garanticen su resocialización; la ausencia de espacios para adelantar programas y proyectos productivos que los orienten con perspectivas de vida diferentes al mundo delincuencial que los llevó a quedar recluidos en el centro del menor infractor, engrosan la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley.

En Agua Clara, a pesar de que la problemática de drogadicción está diagnosticada como una de las más graves entre los jóvenes recluidos: el 90 por ciento la usan con frecuencia y el cinco por ciento son adictos, admite Iván Olaya, la terapia de desintoxicación, afirma, "es a palo seco", es decir, sin la ayuda terapéutica adecuada.

Además, y tal como lo reconoce Iván Olaya, "el hacinamiento y las condiciones locativas donde tiene que alojar a los adolescentes se presta para muchas situaciones anómalas", como las acaecidas a finales de 2007, cuando se conocieron tres casos de abuso sexual al interior del centro, puestos en conocimiento de la Fiscalía.
El más grave, el relatado por un joven que durante tres días (24, 25 y 26 de noviembre de 2007) fue sometido a golpizas y obligado a sostener sexo oral con otros adolescentes que permanecían de tiempo atrás en Agua Clara.

El caso "siguió su debido proceso de investigación ante las denuncias que fueron presentadas por el mismo operador ante la Fiscalía", precisó Carlota Márquez, quien dijo que la problemática está superada, de acuerdo con el informe que recibió de la juez de menores Miryam Peña.

La directora Regional del Icbf aseguró además que el operador (Corporación Encuentro) está cumpliendo los compromisos "de mejorar los aspectos débiles que tenía", y para asegurarse de tal desempeño "venimos haciendo acompañamiento para que el plan de mejoramiento se cumpla". Sin embargo, el riesgo de que se vuelvan a presentar estas situaciones "es latente, por las condiciones actuales de las locaciones", dijo Iván Olaya. 

En reunión prevista para hoy martes, la gobernación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Procuraduría Ambiental definirán los detalles que permitan ubicar el sitio ideal para la construcción del nuevo centro del menor infractor para el Meta.

Ese fue el compromiso adquirido por el mandatario con Elvira Forero, directora a nivel nacional del Icbf, a quien le anunció que la administración departamental solucionará "el tema de infraestructura".

"Es urgente localizar cinco mil metros en un lugar apropiado y que el plan de ordenamiento territorial (POT) lo permita", dijo Carlota Márquez, directora seccional del Icbf. En la reunión se analizará además lo que hay y lo que hace falta.