Foto: Ilustración/Boyacá 7
Autoridades afirman que las llamadas fueron hechas de un celular Comcel y un Movistar desde la Cárcel de Picaleña en Ibagué.
Los delincuentes accedieron a los datos de los comerciantes a través de cotizaciones, luego enviaron una comunicación suplantando a las Farc y finalmente les solicitaban millonarias sumas de dinero.
En el documento, fechado el 11 de junio, sus autores, supuestamente de la guerrilla de las Farc, "resuelven cobrar el impuesto por la paz a aquellas personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio sea mayor a 50 millones de pesos".
En esas localidades nadie quiere referirse al hecho, especialmente los policías de Jenesano y Ramiriquí que ahora conducen, según ellos, a cuanto visitante encuentran por las calles hasta la estación de Policía para verificar sus datos ya que todos pueden ser delincuentes en potencia, incluida la prensa.
Y aunque los uniformados hicieron hasta lo imposible para dificultarle el trabajo a Boyacá 7 días, varias fuentes que pidieron no ser identificadas contaron la forma como se desarrollaron los hechos: El documento fue dejado en un sobre por debajo de la puerta de algunos locales comerciales en los tres municipios el miércoles en la madrugada.
"Los datos del propietario o responsable del negocio los recogieron el martes dos hombres y una mujer, quienes entraron a los negocios a pedir cotizaciones de diferentes productos en grandes cantidades", comentó la fuente.
Otro de los informantes aseguró que los dos hombres insistían en tener el nombre y el número del celular del propietario con el argumento de que el negocio iba a ser muy grande y requerían de un buen descuento.
Con esta información dirigieron las cartas aclarando que "a partir de la fecha los cobijados por esta ley deben presentarse para cumplir esta obligación, ya que un segundo llamado aumenta el monto tributario".
A renglón seguido recalcan que "quienes no atiendan este requerimiento serán retenidos y su liberación dependerá del pago que se determine".
Luego de ser firmado el documento, supuestamente por el comandante Gener García Molina, alias 'John 40', se aclara que se debe esperar comunicación o enlace con el comandante Gonzalo Mantilla (jefe de finanzas).
Efectivamente el miércoles empezaron a llamar a los comerciantes para exigirles el pago de sumas de dinero, que iban desde dos millones de pesos hasta 10 millones.
"A mí me llamaron para pedirme un alta suma de dinero dizque para comprar unas inyecciones y unas medicinas que requerían con suma urgencia y me insistieron que por ningún motivo podía dar aviso a las autoridades si no quería problemas", señaló la fuente.
A pesar de las amenazas, la información se conoció desde primeras horas de la mañana del miércoles y de inmediato la Sijín, el DAS y demás organismos de inteligencia se apersonaron de la situación.
Según las autoridades será cuestión de días e inclusive horas para que los delincuentes sean capturados y castigados. En cuanto a la versión de que los autores del ilícito serían integrantes de la guerrilla el propio comandante de la Policía en Boyacá, coronel Jaime Alberto Suárez, desmintió la versión y dijo que se trata de delincuencia común.
También se afirma que, al parecer, dos comerciantes pagaron la extorsión. De comprobarse, estos serían vinculados a una investigación y sometidos a un proceso judicial.
A pesar de que las autoridades no quisieron entregar una cifra de cuántos comerciantes fueron víctimas de la amenaza, se dice que por lo menos 20 de ellos en los tres municipios recibieron el sobre.
Mientras tanto los habitantes de estas localidades, en especial los comerciantes, esperan que las autoridades presenten resultados inmediatos en contra de la organización delictiva ya que temen represalias en su contra.
Una semana antes se presentó un caso similar en Miraflores y los cuatro extorsinistas fueron apresados de inmediato por la Policía en Puerto Boyacá.
En la mira de la Policía
Según el comando de la Policía en Boyacá, los delincuentes están plenamente identificados y caerán en los próximos días.
"Ya sabemos que en los tres municipios se trató de extorsiones manejadas desde el departamento del Tolima", señaló el coronel Jaime Suárez Sierra, comandante de la Policía en Boyacá.
Agregó que se trata de dos bandidos que se encuentran trabajando con delincuentes que están presos en la Cárcel de Picaleña (Tolima) por el delito de extorsión.
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