La 'Directiva de retorno' prevé internar a los sin papeles por un período máximo de hasta 18 meses en casos excepcionales.

La iniciativa fue aprobada por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, que armonizará a partir de 2010 las leyes europeas de detención y deportación de inmigrantes irregulares.

Y lo hizo sin hacer modificación alguna al proyecto diseñado por los gobiernos de los 27 países del bloque.

La nueva norma establece un período máximo de encarcelamiento de inmigrantes 'sin papeles' de hasta 18 meses, tras el cual deberá producirse la deportación.

El texto aprobado fija también un plazo de 7 a 30 días para un 'retorno voluntario'. Si el inmigrante se niega a abandonar la UE en ese período, se emitirá una 'orden de alejamiento' y se podrán tomar 'medidas coercitivas' como encarcelarlo, incluso sin decisión judicial previa, pues la decisión puede ser meramente administrativa.

Además, se le prohibirá volver a pisar la UE en 5 años. La directiva autoriza a que los irregulares sean deportados a sus países de origen pero también a países de tránsito, una medida para evitar que nacionales de Estados del África negra no puedan ser deportados porque sus países no los aceptan.

La UE justifica el encarcelamiento -incluido el de menores de edad- por el temor de que el irregular escape al control de las autoridades para evitar su deportación.

Durante su reclusión, los 'sin papeles' no podrán compartir lugar prisión con presos comunes y los niños no acompañados y los adultos con niños a su cargo "solo serán retenidos como último recurso y por un período de tiempo lo más corto posible".

Esta ambigüedad hace temer a algunos observadores que se llegue a permitir el uso legal de lo que algunos ya llaman 'campos de concentración para inmigrantes indocumentados'.

La legislación actual sobre la materia es competencia nacional, con plazos que varían desde los 30 días de Francia o los 40 de España, hasta países que no tenían establecido un límite. Con esta homogenización, los que quieran deportar en plazos de tiempo inferiores podrán hacerlo, pero los países que no tenían definidos los tiempos o que otorgaban plazos superiores de reclusión antes de la deportación, tendrán que cumplir la nueva normativa. Con lo cual, en la práctica, se agiliza el régimen de expulsiones, porque el plazo regular de detención es de solo 6 meses, y los 18 meses solo se aplicarán a casos excepcionales.

Varias organizaciones -Naciones Unidas entre ellas- y muchas personalidades pidieron un voto contra la directiva. Pero la derecha y los liberales lograron que se aprobará. Los socialistas votaron mayoritariamente que no, salvo los españoles. La izquierda había intentado rebajar las condiciones más estrictas a través de enmiendas al texto, pero todas fueron rechazadas.

Amnistía Internacional difundió un comunicado en el que muestra su decepción "porque el texto no garantiza la expulsión de los inmigrantes de forma segura y digna, el período de detención es excesivo y no dispone las garantías suficientes para los menores no acompañados".

Además, Amnistía pide más control judicial sobre reclusiones y deportaciones.

La Asociación Europea para la Defensa de los Derechos Humanos dijo que "es inaceptable detener durante 18 meses a hombres, mujeres y niños porque simplemente son residentes ilegales".

IDAFE MARTÍN PÉREZPARA EL TIEMPOBRUSELAS